El reinado de Isabel II coincidió en el tiempo con la expansión de las revoluciones económicas (agrícola, industrial y de los transportes) que se habían iniciado en Inglaterra durante el último cuarto del siglo XVIII. Estas transformaciones suponían un cambio fundamental en la economía española al implantarse unas relaciones de producción plenamente capitalistas que obligaban a hacer desaparecer las limitaciones que el Antiguo Régimen al desarrollo del libre mercado y de la propiedad privada.
La burguesía será la gran beneficiada de dicha transformación y utilizará su poder a través de los diferentes gobiernos, sobre todo los de carácter progresistas, para desarrollar una serie de medidas legales que consagraran la libertad de propiedad, de explotación, de comercio y un nuevo régimen fiscal que acabase con los privilegios estamentales del Antiguo Régimen.
La economía española se basaba, en gran medida, en la agricultura que ocupaba a la mayor parte de la población y suponía más de la mitad de la renta nacional. Debía se, por lo tanto, la agricultura el motor a partir del cual se desarrollasen el resto de los sectores económicos.
El primer paso para lograr dicho desarrollo suponía poner fin a las tierras conocidas como "manos muertas", esto es aquellas propiedades que iban vinculadas a un título nobiliario (mayorazgo) o a una institución (Iglesia o comunidades religiosas). La ley de 30 de agosto de 1836 desvinculó los mayorazgos lo que permitía a sus dueños a hacer un uso libre de dichas tierras.
El siguiente paso consistió en establecer la libertad de propiedad de la tierra para lo cual la ley de 26 de agosto de 1837 establecía la desaparición de los señoríos. Ello suponía que dichas tierras se convertían en simples propiedades privadas y sus dueños, nobleza y Clero fundamentalmente, dejaban de disfrutar de los derechos jurisdiccionales y reales que hasta ese momento habían estado vinculados a dichas propiedades.Sin embargo, esta medida benefició a la nobleza que se convirtieron en grandes propietarios agrícolas pues la ley permitió que el señor se convirtiese en dueño incluso de bienes propios y comunales pertenecientes a los pueblos siempre y cuando los campesinos o municipios no pudieran acreditar que la propiedad era suya. El pequeño campesinado fue el mayor perjudicado pues ahora pasaban a convertirse, en el mejor de los casos en simples jornaleros al servicio del terrateniente. Esta ley motivó que gran parte de la nobleza apoyase a Isabel II.
La desaparición de las propiedades vinculadas suponía, en el caso de la Iglesia y los pueblos, la apropiación de dichas tierras por parte del Estado que las considerabas bienes nacionales lo que permitía su puesta en venta a través de subasta pública. Este proceso recibe el nombre genérico de desamortización. Aunque la legislación desamortizadora se remontaba al reinado de Carlos III, es durante el reinado de Isabel II cuando se va a desarrollar de manera especialmente importante pudiéndose diferenciar tres fases:
Desamortización de Mendizábal (1836): Se aplicó a los bienes del clero regular (órdenes monacales). La venta de estos bienes nacionalizados se hizo rápidamente a través de la creación de lotes de tierras que fueron adquiridos en su mayor parte por los aristócratas y burgueses ante la incapacidad económica de los pequeños propietarios de poder hacerse con dichas propiedades. Estas subastas supusieron un ingreso al Estado que se calcula en unos 1.700 millones de reales, fundamental para amortizar la deuda que había crecido como consecuencia de la guerra contra los carlistas. Sin embargo, ésta sólo benefició a las clases económicas más ricas y no permitió la aparición de una clase medía agrícola.
Fuente: http://segundobachillerato.weebly.com/6-la-conflictiva-construccioacuten-del-estado-liberal-1833-1874-estaacutendares-de-aprendizaje.html |
Desamortización de Espartero (1841): En esta ocasión afectó a las propiedades del clero secular que se sumaban a las ya desamortizadas del clero regular. Ello supuso para la Iglesia la pérdida entre 1836 y 18444 de tres quintas partes de los bienes que poseía al fallecer Fernando VII.
Desamortización civil de Madoz (1855): Esta nueva política desamortizadora afectó a los bienes raíces que no pertenecían a individuos privados. Municipios y entidades del estado como las universidades fueron las principales afectadas en esta ocasión. Se calcula que se vendieron bienes por un valor de 4.150 millones de reales y que, para 1867, se habían vendido tres cuartas partes de los bienes nacionales.
Fuente: http://segundobachillerato.weebly.com/6-la-conflictiva-construccioacuten-del-estado-liberal-1833-1874-estaacutendares-de-aprendizaje.html |
La importancia dada a las desamortizaciones ha variado a lo largo del tiempo. De ser consideradas "el gran fenómeno del siglo XIX" hoy en día se considera que su impacto fue relativo pues no alteró en esencia la gran propiedad agrícola y tan sólo afectó a una pequeña parte de las tierras. Otras interpretaciones, más consevadoras, las han considerado como un "inmenso latrocinio" de los bienes de la Iglesia que sólo benefició a la aristocracia y a la alta burguesía.
Las desamortizaciones consolidaron la estructura de la propiedad existente sin modificarla de forma fundamental y tan sólo supuso un cambio en la naturaleza de las manos en quien recaían las propiedades pasando de manos eclesiásticas y municipales a manos laicas y civiles.
Sobre el impacto que dichas desamortizaciones pudieron tener sobre la modernización de la agricultura las opiniones de los historiadores también son contradictorias; pues mientras algunos consideran que estimuló el crecimiento cerealístico en la Meseta y de la vid en el litoral, otros consideran que el traspaso en la propiedad agrícola no impulsó una supuesta capitalización de la agricultura.
Lo cierto es que la agricultura siguió manteniendo su estructura dual por la que convivían sin integrarse un sector agrario tradicional, mayoritario, típico del Antiguo Régimen y un sector moderno, minoritario, con rasgos capitalistas. El trigo era el principal sector de la agricultura tradicional que se caracterizaba por una producción baja y escasa comercialización. El aumento de la superficie de tierra dedicada a este cultivo se explica sólo en parte por las desamortizaciones, pues también contribuyeron a ello las políticas proteccionistas de los diferentes gobiernos isabelinos como los cambios en la explotación de la tierra.
El sector más moderno de la agricultura estaba integrado por cultivos destinados a la comercialización exterior como las naranjas, vid y olivos.
En conclusión podemos decir que la política desamortizadora tuvo una importancia más desde el punto de vista político que económico al conseguir el apoyo de la aristocracia a la causa isabelina a la par que enriquecía a la burguesía que ahora ostentaba el poder. Sin embargo, no sólo no supuso un reparto más justo de la propiedad agraria, que seguía concentrada en manos de unos pocos individuos especialmente en el sur de España, sino que el pequeño campesinado se vio perjudicado al perder en muchas ocasiones las tierras que tradicionalmente habían trabajado convirtiéndose en jornaleros o bien marchando a las ciudades en busca de un nuevo empleo.Tampoco, en términos económicos, supuso la modernización de la agricultura que sirviera de motor de desarrollo económico. Por último, el abandono de multitud de conventos y monasterios supuso la expoliación en demasiadas ocasiones del patrimonio artístico que habían atesorado a lo largo de siglos, siendo hoy día, prácticamente imposible saber el auténtico alcance que tuvo la pérdida de obras de arte que fueron a parar a museos y manos privadas.
Os dejo un par de vídeos que resumen las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz:
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