TEMA 15: LA SEGUNDA REPÚBLICA

Proclamación de la 2ª República en Madrid

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 habían sido planteadas por las fuerzas republicanas como un plebiscito sobre la propia monarquía. El resultado dio una mayoría para los partidos monárquicos si bien esta mayoría se circunscribía a las áreas rurales y pequeños núcleos urbanos en los que el caciquismo aún estaba presente. Sin embargo, en las grandes capitales, en las que el voto estaba menos controlado, la victoria fue para las fuerzas republicanas. Esta situación llevó a que las fuerzas republicanas interpretasen esta victoria como el triunfo de la causa republicana de manera que el 14 de abril de 1931 Niceto Alcalá Zamora proclamó la IIª República mientras que el rey Alfonso XIII partía hacia el exilio.

         El primer gobierno republicano estuvo presidido por Alcalá Zamora, que representaba a la opción republicana de derecha, si bien el nuevo gobierno estuvo integrado por miembros de los diferentes partidos que habían firmado el "pacto de San Sebastián" como Lerroux del centrista partido radical o Manuel Azaña como representante de los partidos republicanos de izquierdas.

 A continuación os dejo un pequeño vídeo sobre la proclamación e la República:

Primeras medidas:

       Si bien la primera tarea del nuevo gobierno era convocar Cortes constituyentes que dotaran de una nueva constitución al régimen recién estrenado, el nuevo gobierno emprendió una serie de reformas que abarcaban aquellos asuntos que se consideraban más urgentes:

La cuestión territorial había sido desde finales del siglo XIX uno de los conflictos más importantes a los que se había tenido que enfrentar los gobiernos de la Restauración. Los nacionalismos, principalmente el catalán, habían ido ganando apoyos y el mismo día de la proclamación de la República, Francesc Maciá, líder de Esquerra Republicana proclamó de manera unilateral la república catalana como "Estado integrante de la Federación Ibérica". Sin embargo, el gobierno de Alcalá Zamora logró que se sustituyera dicha declaración por un gobierno autonómico, la Generalitat,  hasta la aprobación del Estatuto de autonomía que fue aprobada en referéndum en agosto de ese mismo año.
          Otra de las cuestiones sin resolver en España era la de la propiedad de la tierra, sobre todo en el sur, en el que la tierra se concentraba en manos de unos pocos terratenientes mientras que una masa de jornaleros pedían la distribución y explotación de dichas tierras. El ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, decretó la obligatoriedad de los terratenientes de poner en cultivo las tierras y de contratar a braceros del mismo término municipal.Así mismo, se extendió la jornada de 8 horas para el trabajo agrícola.
        Tras la proclamación de la República era fundamental la fidelidad del ejército, un estamento por lo general conservador. Para ello, Manuel Azaña, ministro de Guerra, publicó dos decretos por los que obligaba a los oficiales del ejército a jurar fidelidad al nuevo gobierno republicano ofreciendo a los que se negasen la posibilidad del retiro a la reserva conservando su sueldo. Otros decretos posteriores reformaba el ejército tanto a nivel organizativo  (academias, divisiones,...) como la política de ascensos y destinos. Todo ello causó un gran malestar entre una parte de los militares.

     Por último otra de las reformas que se veían como urgente era el de la Educación. España sufría un problema crónico de analfabetismo con unas tasas realmente altas y ya desde finales del siglo XIX el regeneracionismo había defendido la necesidad de aumentar la alfabetización del país.Con tal finalidad se publicaron los decretos de Instrucción pública que preveían la creación de más de 6000 escuelas así como de las denominadas Misiones pedagógicas cuya labor era difundir la cultura a los lugares más remotos del país, numerosos intelectuales se sumaron con fervor a dicha misión entre ellos los murcianos Ramón Gaya y Carmen Conde.
Os dejo un pequeño vídeo sobre estas misiones.

      Menos popular fue la decisión del gobierno de suprimir la enseñanza religiosa obligatoria en un intento de desvincular la enseñanza de la Iglesia- Esta decisión fue vista por la propia Iglesia y una parte de los católicos como un ataque directo al catolicismo. Las relaciones entre Iglesia-Estado se hicieron especialmente tensas; sobre todo a partir del hecho de que el cardenal primado de Toledo, el cardenal Segura, publicase una pastoral en favor de la monarquía. Esta situación junto a una asamblea de monárquicos convocada el 10 de mayo que fue saboteada fue seguida por un brote especialmente violento de anticlericalismo que se manifestó en la quema de iglesias, conventos y colegios religiosos. Estos hechos provocaron que le República perdiera apoyos entre una parte importante de los católicos, algo que sería a la larga de vital importancia para la supervivencia de la República.

     Los conflictos sociales se agravaron pues un sector del movimiento obrero reclamaban medidas más radicales que atendiesen a sus demandas (reparto de tierras, ocupación de fábricas,...) mientras que el anarquismo, representado de manera mayoritaria por la CNT, utilizó la huelga revolucionaria como instrumento contra el Estado provocando numerosos y sangrientos enfrentamientos con la Guardia Civil y las Guardia de Asalto creada por la República.

  La Constitución de 1931

        El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino. El resultado fue de una abrumadora victoria de los partidos republicanos, sobre todo el Partido Republicano Radical (90 diputados) y el  PSOE (120 diputados) mientras que los partidos antirrepublicanos apenas lograron representación parlamentaria.

       La constitución emanada de dichas cortes era la primera auténticamente republicana pues durante la Iª República se había adaptado la constitución monárquica de 1869. La nueva constitución definía a España como "una república democrática de trabajadores de toda clase" y todos los poderes emanaban del pueblo. El Estado se definía aconfesional, esto es, sin una religión oficial. Sin embargo, al ser una constitución que recogía solamente el ideario de los partidos republicanos de izquierdas, nació sin el necesario consenso que garantizase su durabilidad.
     La Constitución de 1931 recogía una amplia declaración de derechos y libertades como el derecho de voto para las mujeres, el establecimiento del matrimonio civil, del divorcio así como la educación primaria obligatoria y gratuita. Si bien se respetaba la propiedad privada se anteponía los intereses nacionales lo que suponía dejar abierta la posibilidad de la expropiación forzosa de determinados bienes por utilidad social así como la de la nacionalización de aquellos sectores económicos que fueran considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.
     Si bien se mantenía la división de poderes presente en las constituciones anteriores, en este aso se establecía de una manera aún más radical, sin injerencia de uno en el otro:
- El poder legislativo residía en el Congreso de los Diputados (se eliminó el Senado) que, además de su poder para legislar, podía controlar el gobierno e incluso deponer al presidente de la república.
- La Jefatura del Estado era detentada por el presidente de la república entre cuyas funciones estaba nombrar y destituir al presidente del gobierno, promulgar leyes y disolver las Cortes.

     - El poder ejecutivo lo tenía el gobierno que debía contar con el respaldo tanto del presidente de la república como de la mayoría del Congreso.

- El poder judicial recaía en los tribunales de justicia. Se introdujo por vez primera la figura del jurado popular y se creó un Tribunal de Garantía Constitucionales encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, el ejercicio de los derechos individuales amparados por la constitución y la resolución de los posibles conflictos que surgieran entre el Estado y las regiones autónomas.
      La cuestión religiosa, uno de los principales motivos de división de la sociedad española desde el siglo XIX, fue resuelta mediante la declaración de la aconfesionalidad del estado. La religión se entendía como un derecho privado lo que suponía la separación de Iglesia-Estado y el fin de la financiación de la misma por parte del Estado además de garantizarse la libertad de cultos.Ciertas actividades como la educación, el comercio y la industria quedaban prohibidas a las congregaciones religiosas. El enfrentamiento Iglesia-Estado, que se tradujo en un enfrentamiento entre católicos y anticlericales, fue una constante a lo largo de los años de la 2ª República provocando la primera crisis política tras la dimisión como presidente del gobierno de Alcalá Zamora que fue sustituido por Manuel Azaña y una de las causas fundamentales que justificaron el golpe de estado de 1936.
    El 9 de diciembre de 1931 la constitución era aprobada sin el consenso necesario que garantizase su durabilidad.


El Bienio reformista (1931-1933)

     Tras la aprobación de la Constitución sin la presencia de los partidos de derecha, las Cortes eligieron a Alcalá Zamora presidente de la República, quien nombró a Manuel Azaña como presidente del gobierno. Manuel Azaña optó por integrar a ministros socialistas en su nuevo gabinete mientras que los radicales del partido de Lerroux se negaban a formar parte del mismo.
     Los primeros años de la República coincidieron con la mundialización de los efectos de la crisis iniciada en estados Unidos en 1929. La consecuencia más evidente fue la reducción de las exportaciones sobre todo en determinados productos agrícolas (vino o aceite de oliva entre otros ) o mineros. Sin embargo, los principales problemas de la economía española venían provocados por la propia  naturaleza de la economía española con una industria poco desarrollada y muy localizada en algunos focos del país (Madrid, Cataluña o País Vasco) mientras que el resto de España prácticamente dependía de una agricultura atrasada.
       Esta coyuntura económica negativa hizo aumentar la conflictividad social generando graves problemas a los gobiernos republicanos. Si bien una parte del movimiento obrero como los socialistas se integraron en el nuevo gobierno y colaboraron con la República, otros como los anarquistas, mantuvieron una actitud de confrontación que derivó en repetidas ocasiones en actos de gran violencia que socavarían el prestigio de la república.
     Los primeros dos años de la República vinieron marcados por una política de reformas cuyo propósito era la modernización y democratización del país:
      - La política religiosa: fue uno de los aspectos más conflictivos y venía marcada por la voluntad del gobierno de establecer una clara separación Iglesia-Estado. La aporbación del divorcio en 1932 no cuestionaba el matrimonio religiosos si bien, de manera paralela, reconocía las uniones civiles así como la posibilidad de su disolución. La Compañía de Jesús fue disuelta mientras que por la ley de confesiones y congregaciones religiosas de 1933 se prohibía a la Iglesia la práctica de la educación lo que suponía el cierre de los colegios religiosos. estas medidas fueron atacadas desde los sectores católicos como una persecución contra la Iglesia católica.
- La reforma educativa y la política cultural:  siguiendo la idea impulsada por el regeneracionismos, la educación era vista como una necesidad imperiosa para la modernización de la sociedad española. para ello se calculó que debían construirse  unas 27.000 escuelas, si bien esta cantidad quedó reducida a la importante cantidad de 13.000 escuelas. Pero la política educativa no se limitaba a la creación de escuelas sino que con la finalidad de extender la cultura se crearon las

Compañía de teatro "La Barraca" fundada
 por Federico García Lorca (a la izquierda)

denominadas Misiones Pedagógicas mientras que intelectuales como el poeta Federico García Lorca creó de manera entusiasta el grupo de teatro universitario  "La Barraca" para llevar el teatro por los pueblos españoles.
- La reforma laboral: el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, continuó con la política social iniciada por el gobierno provisional con la aprobación de leyes que regulaban los contratos de trabajo, la ley de jurado mixtos formados por patronos y obreros que buscaban la conciliación y arbitraje en conflictos laborales o la ley de asociaciones obreras que regulaba la actividad de los sindicatos.
- La reforma agraria: la preeminencia de la agricultura en la economía española convertías a la reforma agraria en la obra más importante emprendida por el gobierno del bienio progresista. Al problema de una agricultura atrasada y poco productiva se sumaba la de una estructura de la propiedad caracterizada por el predominio de minifundios en la mitad norte peninsular y latifundios en la mitad sur, estos últimos concentrados en las manos de terratenientes en muchos casos absentistas frente a un proletariado que vivía en condiciones de gran precariedad.
 - La reforma agraria de 1932 se marcaba tres objetivos básicos: la modernización de la agricultura, acabar con el latifundismo y una redistribución más justa de la propiedad de la tierra mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas. La ley diferenciaba cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras sin cultivar o mal cultivadas, las que estaban en régimen de arrendamiento y las de regadío que no estuviesen regadas. La propiedad de las tierras expropiadas pasaría al Estado siendo las comunidades de campesinos las que decidirían sobre el régimen de explotación (individual o colectivo). La ley se radicalizó tras el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo en agosto de ese mismo año de 1932 al ser expropiadas sin indemnización las tierras de la aristocracia que había apoyado el golpe mientras que las fuerzas políticas de izquierdas apremiaron al gobierno a acelerar la aplicación de la reforma.
      Para la aplicación de la ley de reforma agraria se creó el IRA (Instituto de Reforma Agraria) cuyos resultados fueron limitados como consecuencia de la complejidad técnica, el exiguo presupuesto y la oposición de la derecha y los grandes propietarios. Igualmente el cambio de gobierno en 1933 tendría como consecuencia la paralización de dicha ley de reforma agraria.
     Los escasos resultados primero y la paralización de la reforma después ocasionaron un sentimiento de frustración entre una parte importante de los jornaleros que derivaron en insurrecciones de signos anarquistas y ocupación de tierras.
- Los estatutos de autonomía:  El aumento del sentimiento nacionalista y regionalista desde finales del siglo XIX habían puesto a la organización del Estado en el centro de los debates políticos entre los partidarios del centralismo y los de la descentralización. La constitución intentó resolver la cuestión reconociendo el derecho a la autonomía de aquellos territorios que bien por su idioma o idiosincrasia regional aspiraban a dicho autogobierno.
      Cataluña fue el primer territorio en acogerse a la autonomía a iniciativa de Esquerra Republicana que en las elecciones de 1931 había desplazado a la Lila Regionalista como partido dominante del nacionalismo catalán. El Estatuto de Nuria fue aprobado en 1932 y concedía a las instituciones catalanas (Generalitat, Cortes y el Tribunal de casación) diversas competencias hasta entonces reservadas al Estado en derecho civil, administrativo, transporte, educación, orden público o hacienda.
     Más difícil fue la aprobación de un Estatuto Vasco dadas la diferencias en el seno del nacionalismo vasco entre la izquierda republicana-socialista, el PNV y los carlistas. El proyecto incluía a las tres provincias vascas y Navarra si bien, este último territorio lo rechazó y el proyecto quedó paralizado tras la victoria de los partidos de derecha en 1933 no siendo hasta octubre de  1936, ya en plena guerra civil, su aprobación.
        Parecido serían los casos de Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón o Baleares cuyos deseos de autogobierno, cuya tramitación estaban más o menos avanzada, se vieron frutados por la guerra civil.
     Los dos años del bienio progresista vinieron marcado por la oposición no sólo de los partidos de derecha, en contra de las medidas tomadas por el gobierno, sino también por las fuerzas revolucionarias de izquierda que consideraban dichas medidas insuficientes y pensaban que el  gobierno defendía los intereses de la burguesía capitalista.Anarquistas y comunistas querían avanzar más en sus demandas revolucionarias lo que dio lugar a episodios de gran violencia como en Castilblanco (Badajoz)), Arnedo (Logroño) o Casas Viejas (Cádiz) en los que la Guardia Civil intervino con gran dureza.La represión de estos levantamientos minaron la credibilidad del gobierno pues la oposición de derecha exigió una investigación y gran parte de la opinión pública responsabilizó a Azaña de los hechos.
      Las fuerzas de derechas, en cambio, optaron por dos opciones frente al régimen republicano. los sectores más conservadores y monárquicos comenzaron a conspirar para provocar el fin de la República. Monárquicos alfonsinos y fascistas crearon en 1933 el partido Renovación Española mientras que los carlistas se reorganizaron en torno a la Comunión Tradicionalista. Estas fuerzas apoyaron el fallido intento de golpe de Estado en agosto de 1932 protagonizado por el general Sanjurjo quien fue condenado a pena de muerte aunque, finalmente, se le conmutó por la cadena perpetua. Otras fuerzas conservadoras, optaron por integrarse en el sistema parlamentario mediante la creación de un partido, la Confederación Española de derechas Autónomas (CEDA) dirigida por José María Gil Robles. Estas fuerzas contaron con el apoyo de la Iglesia católica, al menos de su jerarquía, que se mostraba en contra de la laicización del Estado defendida por la República si bien, de manera oficial, en ningún momento se opuso al régimen. Todos aquellos que de alguna manera se sentían amenazados por las reformas republicanas, clases medias, profesionales urbanos, pequeños empresarios, etcétera, se posicionaron contra el gobierno de Azaña.
     Esta creciente oposición dificultó la labor del gobierno de Azaña. Incluso el presidente de la República se oponía a la política religiosa del gobierno mientras que el principal apoyo político del gobierno, el PSOE, se dividía entre los partidarios de colaborar con el gobierno y la postura revolucionaria de Largo Caballero de acabar con dicha colaboración. En septiembre, Alcalá Zamora forzó la dimisión de Manuel Azaña y encargó gobierno a Lerroux, líder del partido de derecha Radical. Sin embargo, la oposición de las fuerzas de izquierdas en las Cortes impidieron la formación de dicho gobierno obligando al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones para noviembre de 1933.
El bienio de centro-derecha (1933-1935)
Las elecciones de noviembre de 1933 fue la primera que permitió el voto de las mujeres. La campaña electoral vino marcada por una fuerte confrontación y la CEDA hizo una intensa campaña para captar el voto de los católicos y los sectores más conservadores de la sociedad. Por su parte, el socialista Largo Caballero apelaba a la ruptura de colaboración con las fuerzas republicanas "burguesas" inclinándose por un discurso revolucionario. Por su parte los anarquistas de la CNT y FAI hacían gala de su apoliticismo y defendían la abstención pues sólo contemplaban la lucha revolucionaria para alcanzar la igualdad social al margen de los partidos políticos. Un hecho significativo, fue la incorporación en el procesos electoral de un nuevo partido que sintonizaba con los idearios de los partidos fascistas europeos. Este partido, creado por el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, se denominó primeramente Falange Española para, tras su fusión con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, pasó a denominarse Falange Española y de las JONS.
       

Las elecciones supusieron el triunfo de los partidos de derecha, CEDA y Partido Radical. Ello se debió en parte al hecho de la formación de una coalición que integraba tanto a partidos de derecha republicanos como antirrepublicanos que planteaban la paralización y revisión o cancelación de las principales medidas del bienio progresista así como una amplia amnistía para los condenados por la intentona golpista de 1932. Frente a la unión de las fuerzas de derechas, las de izquierda, en cambio, se presentaron desunidas y enfrentadas.


      Los primeros gobiernos fueron presididos por Lerroux y Samper y estuvieron  formados por ministros del Partido Radical  en coalición con otros partidos republicanos de centro, además del apoyo de la CEDA.
       Tal y como habían prometido durante la campaña electoral, el nuevo gobierno se dedicó a desmantelar en parte alguna de las medidas más discutidas del gobierno progresista anterior como la política religiosa de manera que no se aplicó la ley de confesiones y congregaciones religiosas y se permitió a los colegios católicos continuar abiertos a la vez que el Estado se encargaba del mantenimiento de parte de la Iglesia. la legislación laboral fue modificada de manera que los jurados mixtos fueron modificados para darle mayor peso a la presencia de los empresarios frente a los obreros mientras que parte de la reforma agraria quedó en suspenso y le fueron devueltas a las familias aristocráticas la tierras expropiadas. Por otro lado, una ley de amnistía  suponía el reintegro al servicio activo de los golpistas de 1932.
       Frente a estas cesiones a la CEDA, el sector más progresista del partido Radical se escindió dando lugar a Unión Republicana mientras que las fuerzas republicanas de izquierda se unieron en un nuevo partido, Izquierda Republicana, presidido por Azaña.
      En el año 1934 surgieron los principales conflictos a los que tuvo que hacer frente el gobierno:
      - La huelga general de campesinos de junio como consecuencia del incumplimiento por parte de los terratenientes de las leyes laborales anteriores y la bajada de los salarios.
       - También en verano surgió un conflicto entre el gobierno y la Generalitat catalana debido a la iniciativa del parlamento catalán, controlado por Esquerra, de aprobar una ley de contratos de cultivos que permitía a los agricultores vinícolas adquirir las tierras que hubiesen trabajado después de 18 años. La ley fue recurrida y declarada inconstitucional creando un conflicto de competencias entre los dos gobiernos.
      Sin embargo, estos dos conflictos no fueron más que el prólogo de los dos principales retos a los que tuvo que enfrentarse el gobierno durante la segunda mitad de 1934. El primero fue el estallido de una revolución en octubre de 1934 promovida por el PSOE de Largo Caballero y la UGT, que había dado un contenido más revolucionario a su discurso,  como reacción a la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA lo que era interpretado por las fuerzas de izquierda como un intento del partido de Gil Robles de destruir la República desde sus instituciones a imitación de lo que el año anterior había sucedido en Alemania con el Nacionalsocialista. Sin embargo, la huelga fracasó en Madrid y tan sólo tuvo éxito en Asturias y Cataluña.
     En Cataluña este llamamiento revolucionario se sumó a las tensiones entre la Generalitat y el gobierno que se acrecentaron cuando los nacionalistas vieron en la entrada de los ministros de la CEDA al gobierno una amenaza a su autonomía. Como consecuencia, el presidente de la Generalitat Lluís Companys proclamó el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española" lo que suponía de hecho en una proclamación de independencia que fue rápidamente sofocada siendo el presidente Companys arrestado.  En Asturias, la revolución tuvo éxito entre los días 5 y 18 de octubre gracias a la alianza entre los socialistas de UGT, comunistas y militantes de la CNT.
      Ante estos hechos el gobierno declaró el estado de guerra recurriendo a las fuerzas militares desplazadas en Marruecos que junto a la Guardia Civil llevaron a cabo una durísima represión que tuvo como consecuencia unas 1300 víctimas mortales, entre huelguistas y militares, y miles de detenidos.
      Estos acontecimientos fueron aprovechados para intentar acallar a la oposición de manera que el propio Azaña, que nada había tenido que ver con los hechos revolucionarios, fue detenido y la CEDA presionó al gobierno hasta que el presidente Lerroux se vio forzado en 1935 a formar un gobierno formado casi íntegramente por ministros de la CEDA. A partir de ese momento se aceleraron las medidas para acabar con las leyes y decisiones del bienio progresista como la anulación de los jurados mixtos o la aprobación de una reforma agraria, mucho más conservadora, que dejaba sin efecto la de 1932. Además, el gobierno reorganizó los mandos del ejército poniendo al frente a militares cuya lealtad a la República era dudosa como el general Mola, nombrado al frente del ejército de Marruecos, o el general Franco, designado jefe del Estado Mayor.
     Dos escándalos de corrupción terminaron por sumir al partido radical en una crisis que fue aprovechada por José María Gil Robles para intentar gobernar en solitario, cosa a la que el presidente Alcalá Zamora se negó. El presidente de la República nombró presidente del gobierno a Manuel Portela Valladares al frente de un partido de centro si bien la radicalización de las posturas, tanto a la derecha como a la izquierda, lo impidieron por lo que se convocaron elecciones para el 16 de febrero de 1936.
El frente popular (1936)
La campaña electoral para las elecciones de febrero de 1936 vinieron marcadas por una acentuada polarización y radicalización ideológica.
    Tras la experiencia de 1933, las fuerzas de izquierda se agruparon en una alianza denominada Frente Popular integrada por socialistas y comunistas basados en dos puntos básicos: amnistía para los encarcelados tras los sucesos de 1934 y recuperación de las leyes del bienio reformista. Sin embargo, por el contrario, fue en esta ocasión los partidos de derechas los que se presentaron desunidos pues la CEDA fracasó en su intento de hacer un frente común y sólo llegó a acuerdos puntuales con el partido Radical y los monárquicos.

     La victoria fue para el Frente Popular, sobre todo en las grandes ciudades, y supuso que de nuevo Alcalá Zamora encargara a Manuel Azaña a formar un gobierno del que una vez más se abstuvieron de formar parte el PSOE.
    Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno estuvo la de conceder la amnistía general a los condenados por los sucesos de octubre de 1934 incluido lluís Companys que fue repuesto como presidente de la Generalitat. La política reformista se reanudó en los referente a la agricultura, Iglesia,  y relaciones laborales. Se retomó la reforma agraria de 1932 debido a la intensificación de los conflictos en el medio rural si bien el Instituto de Reforma Agraria (IRA) en muchas ocasiones no hizo sino legalizar  la ocupación de tierras por parte de jornaleros y pequeños aparceros.
   Esta situación alarmó a la derecha y sectores conservadores que veían las medidas como subversivas que amenazaban el orden social. Los conflictos de carácter religiosos también se acenturaron.
     A partir de mayo la república se dirigió hacia su crisis final cuando el presidente de la república, Alcalá Zamora, sin apoyos ni por la derecha ni por la izquierda, fue depuesto y sustituido por Manuel Azaña mientras que Casares Quiroga pasó a presidir un gobierno integrado por republicanos de izquierdas.
    Las posiciones ideológicas se radicalizaron tanto por la izquierda, donde triunfaban las posiciones revolucionarias de anarquistas y el sector más radical de UGT dirigido por Largo Caballero; como por la derecha liderada por Calvo Sotelo, donde cada vez eran más frecuentes las voces que reclamaban una insurrección contra la República  Mientras tanto, la derrota electoral de la CEDA favoreció el auge de la Falange cuyas milicias protagonizaron numerosos enfrentamientos violentos con militantes de izquierdas en un ambiente de creciente violencia callejera y crímenes políticos en ambos bandos siendo especialmente relevante el del líder de la derecha Calvo Sotelo  el 13 de julio de 1936.
    A la situación de desorden público se sumaba la crisis económica como consecuencia de la devaluación de la peseta,  la subida de los precios,  y el cierre de empresas con el consiguiente aumento del desempleo. Todo ello agravó la conflictividad social con un incremento de las huelgas en número y violencia, protagonizadas especialmente por la CNT.
      Esta situación posicionó a una parte del ejército contra la república y la conspiración para tramar un golpe de estado era cada vez más evidente intentando el gobierno evitarla trasladando a los oficiales sospechosos. Ya en marzo el general Mola y Sanjurjo acordaron un golpe militar que según el primero debía desatar el terror en los primeros momentos para eliminar cualquier oposición incluida entre los oficiales del ejército leales a la República. La fecha de la sublevación se fijó para el 18 de julio si bien comenzó un día antes en el protectorado de Marruecos. Sin embargo, la rebelión militar fracasó pues una parte del ejército se mantuvo fiel al gobierno y además las fuerza de izquierda reaccionaron haciendo un llamamiento popular para combatir a los golpistas. La consecuencia fue el inicio de una cruenta guerra civil que dividiría España durante tres años.

   Os dejo un cuadro que resume el espectro político durante la Segunda República

Fuente:https://geoghistoria.blogspot.com/2017/03/eje-cronologico-segunda-republica.html