TEMA 15: LA SEGUNDA REPÚBLICA

Proclamación de la 2ª República en Madrid

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 habían sido planteadas por las fuerzas republicanas como un plebiscito sobre la propia monarquía. El resultado dio una mayoría para los partidos monárquicos si bien esta mayoría se circunscribía a las áreas rurales y pequeños núcleos urbanos en los que el caciquismo aún estaba presente. Sin embargo, en las grandes capitales, en las que el voto estaba menos controlado, la victoria fue para las fuerzas republicanas. Esta situación llevó a que las fuerzas republicanas interpretasen esta victoria como el triunfo de la causa republicana de manera que el 14 de abril de 1931 Niceto Alcalá Zamora proclamó la IIª República mientras que el rey Alfonso XIII partía hacia el exilio.

         El primer gobierno republicano estuvo presidido por Alcalá Zamora, que representaba a la opción republicana de derecha, si bien el nuevo gobierno estuvo integrado por miembros de los diferentes partidos que habían firmado el "pacto de San Sebastián" como Lerroux del centrista partido radical o Manuel Azaña como representante de los partidos republicanos de izquierdas.

 A continuación os dejo un pequeño vídeo sobre la proclamación e la República:

Primeras medidas:

       Si bien la primera tarea del nuevo gobierno era convocar Cortes constituyentes que dotaran de una nueva constitución al régimen recién estrenado, el nuevo gobierno emprendió una serie de reformas que abarcaban aquellos asuntos que se consideraban más urgentes:

La cuestión territorial había sido desde finales del siglo XIX uno de los conflictos más importantes a los que se había tenido que enfrentar los gobiernos de la Restauración. Los nacionalismos, principalmente el catalán, habían ido ganando apoyos y el mismo día de la proclamación de la República, Francesc Maciá, líder de Esquerra Republicana proclamó de manera unilateral la república catalana como "Estado integrante de la Federación Ibérica". Sin embargo, el gobierno de Alcalá Zamora logró que se sustituyera dicha declaración por un gobierno autonómico, la Generalitat,  hasta la aprobación del Estatuto de autonomía que fue aprobada en referéndum en agosto de ese mismo año.
          Otra de las cuestiones sin resolver en España era la de la propiedad de la tierra, sobre todo en el sur, en el que la tierra se concentraba en manos de unos pocos terratenientes mientras que una masa de jornaleros pedían la distribución y explotación de dichas tierras. El ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, decretó la obligatoriedad de los terratenientes de poner en cultivo las tierras y de contratar a braceros del mismo término municipal.Así mismo, se extendió la jornada de 8 horas para el trabajo agrícola.
        Tras la proclamación de la República era fundamental la fidelidad del ejército, un estamento por lo general conservador. Para ello, Manuel Azaña, ministro de Guerra, publicó dos decretos por los que obligaba a los oficiales del ejército a jurar fidelidad al nuevo gobierno republicano ofreciendo a los que se negasen la posibilidad del retiro a la reserva conservando su sueldo. Otros decretos posteriores reformaba el ejército tanto a nivel organizativo  (academias, divisiones,...) como la política de ascensos y destinos. Todo ello causó un gran malestar entre una parte de los militares.

     Por último otra de las reformas que se veían como urgente era el de la Educación. España sufría un problema crónico de analfabetismo con unas tasas realmente altas y ya desde finales del siglo XIX el regeneracionismo había defendido la necesidad de aumentar la alfabetización del país.Con tal finalidad se publicaron los decretos de Instrucción pública que preveían la creación de más de 6000 escuelas así como de las denominadas Misiones pedagógicas cuya labor era difundir la cultura a los lugares más remotos del país, numerosos intelectuales se sumaron con fervor a dicha misión entre ellos los murcianos Ramón Gaya y Carmen Conde.
Os dejo un pequeño vídeo sobre estas misiones.

      Menos popular fue la decisión del gobierno de suprimir la enseñanza religiosa obligatoria en un intento de desvincular la enseñanza de la Iglesia- Esta decisión fue vista por la propia Iglesia y una parte de los católicos como un ataque directo al catolicismo. Las relaciones entre Iglesia-Estado se hicieron especialmente tensas; sobre todo a partir del hecho de que el cardenal primado de Toledo, el cardenal Segura, publicase una pastoral en favor de la monarquía. Esta situación junto a una asamblea de monárquicos convocada el 10 de mayo que fue saboteada fue seguida por un brote especialmente violento de anticlericalismo que se manifestó en la quema de iglesias, conventos y colegios religiosos. Estos hechos provocaron que le República perdiera apoyos entre una parte importante de los católicos, algo que sería a la larga de vital importancia para la supervivencia de la República.

     Los conflictos sociales se agravaron pues un sector del movimiento obrero reclamaban medidas más radicales que atendiesen a sus demandas (reparto de tierras, ocupación de fábricas,...) mientras que el anarquismo, representado de manera mayoritaria por la CNT, utilizó la huelga revolucionaria como instrumento contra el Estado provocando numerosos y sangrientos enfrentamientos con la Guardia Civil y las Guardia de Asalto creada por la República.

  La Constitución de 1931

        El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal masculino. El resultado fue de una abrumadora victoria de los partidos republicanos, sobre todo el Partido Republicano Radical (90 diputados) y el  PSOE (120 diputados) mientras que los partidos antirrepublicanos apenas lograron representación parlamentaria.

       La constitución emanada de dichas cortes era la primera auténticamente republicana pues durante la Iª República se había adaptado la constitución monárquica de 1869. La nueva constitución definía a España como "una república democrática de trabajadores de toda clase" y todos los poderes emanaban del pueblo. El Estado se definía aconfesional, esto es, sin una religión oficial. Sin embargo, al ser una constitución que recogía solamente el ideario de los partidos republicanos de izquierdas, nació sin el necesario consenso que garantizase su durabilidad.
     La Constitución de 1931 recogía una amplia declaración de derechos y libertades como el derecho de voto para las mujeres, el establecimiento del matrimonio civil, del divorcio así como la educación primaria obligatoria y gratuita. Si bien se respetaba la propiedad privada se anteponía los intereses nacionales lo que suponía dejar abierta la posibilidad de la expropiación forzosa de determinados bienes por utilidad social así como la de la nacionalización de aquellos sectores económicos que fueran considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.
     Si bien se mantenía la división de poderes presente en las constituciones anteriores, en este aso se establecía de una manera aún más radical, sin injerencia de uno en el otro:
- El poder legislativo residía en el Congreso de los Diputados (se eliminó el Senado) que, además de su poder para legislar, podía controlar el gobierno e incluso deponer al presidente de la república.
- La Jefatura del Estado era detentada por el presidente de la república entre cuyas funciones estaba nombrar y destituir al presidente del gobierno, promulgar leyes y disolver las Cortes.

     - El poder ejecutivo lo tenía el gobierno que debía contar con el respaldo tanto del presidente de la república como de la mayoría del Congreso.

- El poder judicial recaía en los tribunales de justicia. Se introdujo por vez primera la figura del jurado popular y se creó un Tribunal de Garantía Constitucionales encargado de controlar la constitucionalidad de las leyes, el ejercicio de los derechos individuales amparados por la constitución y la resolución de los posibles conflictos que surgieran entre el Estado y las regiones autónomas.
      La cuestión religiosa, uno de los principales motivos de división de la sociedad española desde el siglo XIX, fue resuelta mediante la declaración de la aconfesionalidad del estado. La religión se entendía como un derecho privado lo que suponía la separación de Iglesia-Estado y el fin de la financiación de la misma por parte del Estado además de garantizarse la libertad de cultos.Ciertas actividades como la educación, el comercio y la industria quedaban prohibidas a las congregaciones religiosas. El enfrentamiento Iglesia-Estado, que se tradujo en un enfrentamiento entre católicos y anticlericales, fue una constante a lo largo de los años de la 2ª República provocando la primera crisis política tras la dimisión como presidente del gobierno de Alcalá Zamora que fue sustituido por Manuel Azaña y una de las causas fundamentales que justificaron el golpe de estado de 1936.
    El 9 de diciembre de 1931 la constitución era aprobada sin el consenso necesario que garantizase su durabilidad.


El Bienio reformista (1931-1933)

     Tras la aprobación de la Constitución sin la presencia de los partidos de derecha, las Cortes eligieron a Alcalá Zamora presidente de la República, quien nombró a Manuel Azaña como presidente del gobierno. Manuel Azaña optó por integrar a ministros socialistas en su nuevo gabinete mientras que los radicales del partido de Lerroux se negaban a formar parte del mismo.
     Los primeros años de la República coincidieron con la mundialización de los efectos de la crisis iniciada en estados Unidos en 1929. La consecuencia más evidente fue la reducción de las exportaciones sobre todo en determinados productos agrícolas (vino o aceite de oliva entre otros ) o mineros. Sin embargo, los principales problemas de la economía española venían provocados por la propia  naturaleza de la economía española con una industria poco desarrollada y muy localizada en algunos focos del país (Madrid, Cataluña o País Vasco) mientras que el resto de España prácticamente dependía de una agricultura atrasada.
       Esta coyuntura económica negativa hizo aumentar la conflictividad social generando graves problemas a los gobiernos republicanos. Si bien una parte del movimiento obrero como los socialistas se integraron en el nuevo gobierno y colaboraron con la República, otros como los anarquistas, mantuvieron una actitud de confrontación que derivó en repetidas ocasiones en actos de gran violencia que socavarían el prestigio de la república.
     Los primeros dos años de la República vinieron marcados por una política de reformas cuyo propósito era la modernización y democratización del país:
      - La política religiosa: fue uno de los aspectos más conflictivos y venía marcada por la voluntad del gobierno de establecer una clara separación Iglesia-Estado. La aporbación del divorcio en 1932 no cuestionaba el matrimonio religiosos si bien, de manera paralela, reconocía las uniones civiles así como la posibilidad de su disolución. La Compañía de Jesús fue disuelta mientras que por la ley de confesiones y congregaciones religiosas de 1933 se prohibía a la Iglesia la práctica de la educación lo que suponía el cierre de los colegios religiosos. estas medidas fueron atacadas desde los sectores católicos como una persecución contra la Iglesia católica.
- La reforma educativa y la política cultural:  siguiendo la idea impulsada por el regeneracionismos, la educación era vista como una necesidad imperiosa para la modernización de la sociedad española. para ello se calculó que debían construirse  unas 27.000 escuelas, si bien esta cantidad quedó reducida a la importante cantidad de 13.000 escuelas. Pero la política educativa no se limitaba a la creación de escuelas sino que con la finalidad de extender la cultura se crearon las

Compañía de teatro "La Barraca" fundada
 por Federico García Lorca (a la izquierda)

denominadas Misiones Pedagógicas mientras que intelectuales como el poeta Federico García Lorca creó de manera entusiasta el grupo de teatro universitario  "La Barraca" para llevar el teatro por los pueblos españoles.
- La reforma laboral: el ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, continuó con la política social iniciada por el gobierno provisional con la aprobación de leyes que regulaban los contratos de trabajo, la ley de jurado mixtos formados por patronos y obreros que buscaban la conciliación y arbitraje en conflictos laborales o la ley de asociaciones obreras que regulaba la actividad de los sindicatos.
- La reforma agraria: la preeminencia de la agricultura en la economía española convertías a la reforma agraria en la obra más importante emprendida por el gobierno del bienio progresista. Al problema de una agricultura atrasada y poco productiva se sumaba la de una estructura de la propiedad caracterizada por el predominio de minifundios en la mitad norte peninsular y latifundios en la mitad sur, estos últimos concentrados en las manos de terratenientes en muchos casos absentistas frente a un proletariado que vivía en condiciones de gran precariedad.
 - La reforma agraria de 1932 se marcaba tres objetivos básicos: la modernización de la agricultura, acabar con el latifundismo y una redistribución más justa de la propiedad de la tierra mediante el asentamiento de jornaleros en las tierras expropiadas. La ley diferenciaba cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras sin cultivar o mal cultivadas, las que estaban en régimen de arrendamiento y las de regadío que no estuviesen regadas. La propiedad de las tierras expropiadas pasaría al Estado siendo las comunidades de campesinos las que decidirían sobre el régimen de explotación (individual o colectivo). La ley se radicalizó tras el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo en agosto de ese mismo año de 1932 al ser expropiadas sin indemnización las tierras de la aristocracia que había apoyado el golpe mientras que las fuerzas políticas de izquierdas apremiaron al gobierno a acelerar la aplicación de la reforma.
      Para la aplicación de la ley de reforma agraria se creó el IRA (Instituto de Reforma Agraria) cuyos resultados fueron limitados como consecuencia de la complejidad técnica, el exiguo presupuesto y la oposición de la derecha y los grandes propietarios. Igualmente el cambio de gobierno en 1933 tendría como consecuencia la paralización de dicha ley de reforma agraria.
     Los escasos resultados primero y la paralización de la reforma después ocasionaron un sentimiento de frustración entre una parte importante de los jornaleros que derivaron en insurrecciones de signos anarquistas y ocupación de tierras.
- Los estatutos de autonomía:  El aumento del sentimiento nacionalista y regionalista desde finales del siglo XIX habían puesto a la organización del Estado en el centro de los debates políticos entre los partidarios del centralismo y los de la descentralización. La constitución intentó resolver la cuestión reconociendo el derecho a la autonomía de aquellos territorios que bien por su idioma o idiosincrasia regional aspiraban a dicho autogobierno.
      Cataluña fue el primer territorio en acogerse a la autonomía a iniciativa de Esquerra Republicana que en las elecciones de 1931 había desplazado a la Lila Regionalista como partido dominante del nacionalismo catalán. El Estatuto de Nuria fue aprobado en 1932 y concedía a las instituciones catalanas (Generalitat, Cortes y el Tribunal de casación) diversas competencias hasta entonces reservadas al Estado en derecho civil, administrativo, transporte, educación, orden público o hacienda.
     Más difícil fue la aprobación de un Estatuto Vasco dadas la diferencias en el seno del nacionalismo vasco entre la izquierda republicana-socialista, el PNV y los carlistas. El proyecto incluía a las tres provincias vascas y Navarra si bien, este último territorio lo rechazó y el proyecto quedó paralizado tras la victoria de los partidos de derecha en 1933 no siendo hasta octubre de  1936, ya en plena guerra civil, su aprobación.
        Parecido serían los casos de Galicia, Andalucía, Valencia, Aragón o Baleares cuyos deseos de autogobierno, cuya tramitación estaban más o menos avanzada, se vieron frutados por la guerra civil.
     Los dos años del bienio progresista vinieron marcado por la oposición no sólo de los partidos de derecha, en contra de las medidas tomadas por el gobierno, sino también por las fuerzas revolucionarias de izquierda que consideraban dichas medidas insuficientes y pensaban que el  gobierno defendía los intereses de la burguesía capitalista.Anarquistas y comunistas querían avanzar más en sus demandas revolucionarias lo que dio lugar a episodios de gran violencia como en Castilblanco (Badajoz)), Arnedo (Logroño) o Casas Viejas (Cádiz) en los que la Guardia Civil intervino con gran dureza.La represión de estos levantamientos minaron la credibilidad del gobierno pues la oposición de derecha exigió una investigación y gran parte de la opinión pública responsabilizó a Azaña de los hechos.
      Las fuerzas de derechas, en cambio, optaron por dos opciones frente al régimen republicano. los sectores más conservadores y monárquicos comenzaron a conspirar para provocar el fin de la República. Monárquicos alfonsinos y fascistas crearon en 1933 el partido Renovación Española mientras que los carlistas se reorganizaron en torno a la Comunión Tradicionalista. Estas fuerzas apoyaron el fallido intento de golpe de Estado en agosto de 1932 protagonizado por el general Sanjurjo quien fue condenado a pena de muerte aunque, finalmente, se le conmutó por la cadena perpetua. Otras fuerzas conservadoras, optaron por integrarse en el sistema parlamentario mediante la creación de un partido, la Confederación Española de derechas Autónomas (CEDA) dirigida por José María Gil Robles. Estas fuerzas contaron con el apoyo de la Iglesia católica, al menos de su jerarquía, que se mostraba en contra de la laicización del Estado defendida por la República si bien, de manera oficial, en ningún momento se opuso al régimen. Todos aquellos que de alguna manera se sentían amenazados por las reformas republicanas, clases medias, profesionales urbanos, pequeños empresarios, etcétera, se posicionaron contra el gobierno de Azaña.
     Esta creciente oposición dificultó la labor del gobierno de Azaña. Incluso el presidente de la República se oponía a la política religiosa del gobierno mientras que el principal apoyo político del gobierno, el PSOE, se dividía entre los partidarios de colaborar con el gobierno y la postura revolucionaria de Largo Caballero de acabar con dicha colaboración. En septiembre, Alcalá Zamora forzó la dimisión de Manuel Azaña y encargó gobierno a Lerroux, líder del partido de derecha Radical. Sin embargo, la oposición de las fuerzas de izquierdas en las Cortes impidieron la formación de dicho gobierno obligando al presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones para noviembre de 1933.
El bienio de centro-derecha (1933-1935)
Las elecciones de noviembre de 1933 fue la primera que permitió el voto de las mujeres. La campaña electoral vino marcada por una fuerte confrontación y la CEDA hizo una intensa campaña para captar el voto de los católicos y los sectores más conservadores de la sociedad. Por su parte, el socialista Largo Caballero apelaba a la ruptura de colaboración con las fuerzas republicanas "burguesas" inclinándose por un discurso revolucionario. Por su parte los anarquistas de la CNT y FAI hacían gala de su apoliticismo y defendían la abstención pues sólo contemplaban la lucha revolucionaria para alcanzar la igualdad social al margen de los partidos políticos. Un hecho significativo, fue la incorporación en el procesos electoral de un nuevo partido que sintonizaba con los idearios de los partidos fascistas europeos. Este partido, creado por el hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio, se denominó primeramente Falange Española para, tras su fusión con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, pasó a denominarse Falange Española y de las JONS.
       

Las elecciones supusieron el triunfo de los partidos de derecha, CEDA y Partido Radical. Ello se debió en parte al hecho de la formación de una coalición que integraba tanto a partidos de derecha republicanos como antirrepublicanos que planteaban la paralización y revisión o cancelación de las principales medidas del bienio progresista así como una amplia amnistía para los condenados por la intentona golpista de 1932. Frente a la unión de las fuerzas de derechas, las de izquierda, en cambio, se presentaron desunidas y enfrentadas.


      Los primeros gobiernos fueron presididos por Lerroux y Samper y estuvieron  formados por ministros del Partido Radical  en coalición con otros partidos republicanos de centro, además del apoyo de la CEDA.
       Tal y como habían prometido durante la campaña electoral, el nuevo gobierno se dedicó a desmantelar en parte alguna de las medidas más discutidas del gobierno progresista anterior como la política religiosa de manera que no se aplicó la ley de confesiones y congregaciones religiosas y se permitió a los colegios católicos continuar abiertos a la vez que el Estado se encargaba del mantenimiento de parte de la Iglesia. la legislación laboral fue modificada de manera que los jurados mixtos fueron modificados para darle mayor peso a la presencia de los empresarios frente a los obreros mientras que parte de la reforma agraria quedó en suspenso y le fueron devueltas a las familias aristocráticas la tierras expropiadas. Por otro lado, una ley de amnistía  suponía el reintegro al servicio activo de los golpistas de 1932.
       Frente a estas cesiones a la CEDA, el sector más progresista del partido Radical se escindió dando lugar a Unión Republicana mientras que las fuerzas republicanas de izquierda se unieron en un nuevo partido, Izquierda Republicana, presidido por Azaña.
      En el año 1934 surgieron los principales conflictos a los que tuvo que hacer frente el gobierno:
      - La huelga general de campesinos de junio como consecuencia del incumplimiento por parte de los terratenientes de las leyes laborales anteriores y la bajada de los salarios.
       - También en verano surgió un conflicto entre el gobierno y la Generalitat catalana debido a la iniciativa del parlamento catalán, controlado por Esquerra, de aprobar una ley de contratos de cultivos que permitía a los agricultores vinícolas adquirir las tierras que hubiesen trabajado después de 18 años. La ley fue recurrida y declarada inconstitucional creando un conflicto de competencias entre los dos gobiernos.
      Sin embargo, estos dos conflictos no fueron más que el prólogo de los dos principales retos a los que tuvo que enfrentarse el gobierno durante la segunda mitad de 1934. El primero fue el estallido de una revolución en octubre de 1934 promovida por el PSOE de Largo Caballero y la UGT, que había dado un contenido más revolucionario a su discurso,  como reacción a la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA lo que era interpretado por las fuerzas de izquierda como un intento del partido de Gil Robles de destruir la República desde sus instituciones a imitación de lo que el año anterior había sucedido en Alemania con el Nacionalsocialista. Sin embargo, la huelga fracasó en Madrid y tan sólo tuvo éxito en Asturias y Cataluña.
     En Cataluña este llamamiento revolucionario se sumó a las tensiones entre la Generalitat y el gobierno que se acrecentaron cuando los nacionalistas vieron en la entrada de los ministros de la CEDA al gobierno una amenaza a su autonomía. Como consecuencia, el presidente de la Generalitat Lluís Companys proclamó el "Estado Catalán dentro de la República Federal Española" lo que suponía de hecho en una proclamación de independencia que fue rápidamente sofocada siendo el presidente Companys arrestado.  En Asturias, la revolución tuvo éxito entre los días 5 y 18 de octubre gracias a la alianza entre los socialistas de UGT, comunistas y militantes de la CNT.
      Ante estos hechos el gobierno declaró el estado de guerra recurriendo a las fuerzas militares desplazadas en Marruecos que junto a la Guardia Civil llevaron a cabo una durísima represión que tuvo como consecuencia unas 1300 víctimas mortales, entre huelguistas y militares, y miles de detenidos.
      Estos acontecimientos fueron aprovechados para intentar acallar a la oposición de manera que el propio Azaña, que nada había tenido que ver con los hechos revolucionarios, fue detenido y la CEDA presionó al gobierno hasta que el presidente Lerroux se vio forzado en 1935 a formar un gobierno formado casi íntegramente por ministros de la CEDA. A partir de ese momento se aceleraron las medidas para acabar con las leyes y decisiones del bienio progresista como la anulación de los jurados mixtos o la aprobación de una reforma agraria, mucho más conservadora, que dejaba sin efecto la de 1932. Además, el gobierno reorganizó los mandos del ejército poniendo al frente a militares cuya lealtad a la República era dudosa como el general Mola, nombrado al frente del ejército de Marruecos, o el general Franco, designado jefe del Estado Mayor.
     Dos escándalos de corrupción terminaron por sumir al partido radical en una crisis que fue aprovechada por José María Gil Robles para intentar gobernar en solitario, cosa a la que el presidente Alcalá Zamora se negó. El presidente de la República nombró presidente del gobierno a Manuel Portela Valladares al frente de un partido de centro si bien la radicalización de las posturas, tanto a la derecha como a la izquierda, lo impidieron por lo que se convocaron elecciones para el 16 de febrero de 1936.
El frente popular (1936)
La campaña electoral para las elecciones de febrero de 1936 vinieron marcadas por una acentuada polarización y radicalización ideológica.
    Tras la experiencia de 1933, las fuerzas de izquierda se agruparon en una alianza denominada Frente Popular integrada por socialistas y comunistas basados en dos puntos básicos: amnistía para los encarcelados tras los sucesos de 1934 y recuperación de las leyes del bienio reformista. Sin embargo, por el contrario, fue en esta ocasión los partidos de derechas los que se presentaron desunidos pues la CEDA fracasó en su intento de hacer un frente común y sólo llegó a acuerdos puntuales con el partido Radical y los monárquicos.

     La victoria fue para el Frente Popular, sobre todo en las grandes ciudades, y supuso que de nuevo Alcalá Zamora encargara a Manuel Azaña a formar un gobierno del que una vez más se abstuvieron de formar parte el PSOE.
    Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno estuvo la de conceder la amnistía general a los condenados por los sucesos de octubre de 1934 incluido lluís Companys que fue repuesto como presidente de la Generalitat. La política reformista se reanudó en los referente a la agricultura, Iglesia,  y relaciones laborales. Se retomó la reforma agraria de 1932 debido a la intensificación de los conflictos en el medio rural si bien el Instituto de Reforma Agraria (IRA) en muchas ocasiones no hizo sino legalizar  la ocupación de tierras por parte de jornaleros y pequeños aparceros.
   Esta situación alarmó a la derecha y sectores conservadores que veían las medidas como subversivas que amenazaban el orden social. Los conflictos de carácter religiosos también se acenturaron.
     A partir de mayo la república se dirigió hacia su crisis final cuando el presidente de la república, Alcalá Zamora, sin apoyos ni por la derecha ni por la izquierda, fue depuesto y sustituido por Manuel Azaña mientras que Casares Quiroga pasó a presidir un gobierno integrado por republicanos de izquierdas.
    Las posiciones ideológicas se radicalizaron tanto por la izquierda, donde triunfaban las posiciones revolucionarias de anarquistas y el sector más radical de UGT dirigido por Largo Caballero; como por la derecha liderada por Calvo Sotelo, donde cada vez eran más frecuentes las voces que reclamaban una insurrección contra la República  Mientras tanto, la derrota electoral de la CEDA favoreció el auge de la Falange cuyas milicias protagonizaron numerosos enfrentamientos violentos con militantes de izquierdas en un ambiente de creciente violencia callejera y crímenes políticos en ambos bandos siendo especialmente relevante el del líder de la derecha Calvo Sotelo  el 13 de julio de 1936.
    A la situación de desorden público se sumaba la crisis económica como consecuencia de la devaluación de la peseta,  la subida de los precios,  y el cierre de empresas con el consiguiente aumento del desempleo. Todo ello agravó la conflictividad social con un incremento de las huelgas en número y violencia, protagonizadas especialmente por la CNT.
      Esta situación posicionó a una parte del ejército contra la república y la conspiración para tramar un golpe de estado era cada vez más evidente intentando el gobierno evitarla trasladando a los oficiales sospechosos. Ya en marzo el general Mola y Sanjurjo acordaron un golpe militar que según el primero debía desatar el terror en los primeros momentos para eliminar cualquier oposición incluida entre los oficiales del ejército leales a la República. La fecha de la sublevación se fijó para el 18 de julio si bien comenzó un día antes en el protectorado de Marruecos. Sin embargo, la rebelión militar fracasó pues una parte del ejército se mantuvo fiel al gobierno y además las fuerza de izquierda reaccionaron haciendo un llamamiento popular para combatir a los golpistas. La consecuencia fue el inicio de una cruenta guerra civil que dividiría España durante tres años.

   Os dejo un cuadro que resume el espectro político durante la Segunda República

Fuente:https://geoghistoria.blogspot.com/2017/03/eje-cronologico-segunda-republica.html

TEMA 14: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

    

         La dictadura de Primo de Rivera hay que enmarcarla dentro de la situación general de crisis de las democracias en Europa. El auge de los movimientos obreros y a conflictividad social creó un  ambiente de temor por parte de las clases medias que reclamaban la actuación de un poder fuerte que frenase dicho auge y devolviera el orden social y protegiera la propiedad privada.

       El pronunciamiento militar fue protagonizado por el Capital general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que justificó como una respuesta frente a los nacionalismos, el descrédito del ejército y la conflictividad social que había marcado los últimos años. 

    El golpe no encontró prácticamente oposición; sino que, más bien al contrario, la Iglesia, los empresarios, la burguesía y las clases medias en general aplaudieron dicha medida. Primo de Rivera presentó dicho golpe como una medida necesario que daba paso a una etapa transitoria que, tras solucionar los diversos males del país, volvería al orden constitucional. Es por ello por lo que se le conoció con el sobrenombre del "cirujano de hierro".

       Primo de Rivera contó con el apoyo del rey, Alfonso XIII, quien le llamó dos días después del golpe, 15 de septiembre de 1923, para formar gobierno. Ello suponía por parte de la monarquía el abandono de la vía constitucional y su respaldo a la dictadura ligaba el futuro de la Corona a la la misma.

 El Directorio Militar (1923-1925)

      El nuevo gobierno proclamó el estado de guerra lo que supuso la suspensión de la Constitución de 1876 y de las garantía constitucionales tales como la libertad  de prensa o las actividades de los partidos y sindicatos. Las Cortes , los ayuntamientos y las Diputaciones fueron disueltas pasando a estar ocupadas por personas afines al nuevo régimen. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares 

      La CNT y el Partido Comunista fueron prohibidos así como las actividades de los partidos y sindicatos.

     A pesar de haber contado con el apoyo de la Lliga, que veía en el régimen una garantía de orden social frente a los movimientos obreros, la dictadura se propuso acabar con las aspiraciones nacionalistas en Cataluña adoptando una postura muy intransigente. Se disolvió la Mancomunidad y se prohibieron los símbolos nacionalistas catalanes (himno y bandera) así como el uso del catalán en las instituciones. Sin embargo, ello provocó una reacción del nacionalismo aún mayor que se radicalizó aún más, sobre todo entre los defensores de la independencia.

    Primo de Rivera se resolvió a acabar con el problema de Marruecos. La resolución del conflicto fuer vista como una necesidad de restablecer el honor del ejército, tras el descrédito sufrido con la derrota de Annual. Para combatir a las fuerzas rebeldes, España se alió con Francia consiguiendo una gran victoria en el desembarco de Alhucemas en 1925 que supuso la aceleración del final del conflicto al año siguiente.

El Directorio Civil (1925-1930)

         Dos años después del golpe militar, Primo de Rivera decidió dar entrada a su gobierno a civiles para que sustituyeran a los militares. Inspirándose en las dictaduras de corte corporativo surgidas en Europa, como el fascismo de Mussolini, creó en 1924 un partido, la Unión Patriótica, que recogía el ideario político del nuevo régimen y de cuyas filas saldrían sus dirigentes. 

       En 1927 se convocó una Asamblea Consultiva, formada por integrantes de la Unión Patriótica y de la Administración del estado cuya finalidad era crear un marco legal para el régimen a manera de una Constitución hecha a su medida. Dicho texto no llegó a aprobarse y la asamblea sólo tuvo una función consultiva siendo dependiente del gobierno.

     El desarrollo económico de los años veinte benefició a España que vivió unos años de prosperidad que, junto a la represión y  a la política social del gobierno (creación de escuelas, construcción de casas baratas,...) provocaron un descenso significativo de la conflictividad social. Para resolver dichos conflictos, de nuevo se inspiró la dictadura en los "sindicatos verticales" fascistas, de manera que se crearon los llamados "comités paritarios" integrados por empresarios y obreros para fijar los salarios, jornadas laborales así como para mediar en los conflictos laborales. Los socialistas participaron en dichos comités como una manera de garantizar la supervivencia y expansión de la UGT.

     Así mismo, el gobierno decidió adoptar una política económica intervencionista así como de fomento de la economía nacional. En consecuencia, se procedió a la aprobación de aranceles proteccionistas así como de ayudas a las grandes empresas a la par que se creaban grandes monopolios estatales como CAMPSA que recibió en exclusiva la concesión para la importación y venta de petróleo y sus derivados o la Compañía Telefónica Nacional, en un momento de expansión de la telefonía.

         Por otro lado, se impulsó una política de obras públicas que se tradujo en la construcción de ferrocarriles, puertos, embalses y carreteras. También se crearon las Conferencias Hidrográficas con la finalidad de explotar las cuencas de los ríos tanto para el regadío como para la producción eléctrica.

Oposición y fin de la dictadura

     A partir de 1926 la oposición a la dictadura fue creciendo fundamentalmente entre los intelectuales (Valle-Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset,...) que criticaban las falta de libertades políticas ante un régimen que lejos de ser temporal, como había manifestado en sus inicios,  manifestaba su voluntad de hacerse permanente.

        Fueron surgiendo nuevos partidos republicanos como la Alianza Republicana, creada en 1926, e integrada por Acción republicana, República Catalá (Lluis Companys) y el Partido radical (Lerroux). Incluso antiguos liberales, que habían sido monárquicos, optaron por crear una opción republicana de derecha como fue la Derecha Liberal Republicana.

        A pesar de su prohibición, las fuerzas nacionalistas cobraron vitalidad como demostraba la fundación en 1929 de la Organización Republicana Gallega Autónoma o en 1931 la de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).  También el anarquismo fue cogiendo vigor y ganando apoyos de manera que de manera alternativa a la CNT se fundó la Federación Anarquista Ibérica (FAI) partidarios de la insurrección revolucionaria.

         A esta oposición creciente se vino a sumar, una de vital importancia por su procedencia, la de una parte del ejército descontentos con la decisión de Primo de Rivera de suprimir los ascensos por antigüedad y de la disolución del cuerpo de artillería.

        Falto de apoyos y ante una oposición creciente Primo de Rivera presentó su dimisión al rey el 30 de enero de 1930. El exdictador falleció en su exilio de París dos meses después.

 La caída de la monarquía (1930-1931)

         Alfonso XIII encargó al general Dámaso Berenguer la tarea de intentar volver a la normalidad constitucional. Se restauró la constitución de 1876 en un vano intento de volver al régimen de la Restauración La crisis económica de principios de la década de 1930 supuso un cambio en la coyuntura social, hasta ese momento poco combativa con la dictadura, mientras que los antiguos partidos políticos se negaban a colaborar en la restauración del régimen anterior.

Integrantes del "pacto de San Sebastián"

        la oposición antimonárquica era cada vez mayor y aglutinaba a partidos y "Pacto de San Sebastián" que se marcaba como objetivo la proclamación de la república. La causa republicana fue ampliamente apoyada por la mayor parte de los intelectuales de la época como una gran parte de los escritores de la "generación del 98" (Unamuno, Ortega y Gasset o Antonio Machado entre otros) y los más jóvenes de la conocida como "generación del 27" (Lorca, Alberti o Buñuel).
fuerzas muy diversas en común pero unidos por el objetivo de derrocar al rey. republicanos, pero también nacionalistas gallegos y catalanes, firmaron el 30 de agosto de 1930 el conocido como

Tras la dimisión del general Berenguer, éste fue sustituido por el almirante Aznar quien anunció la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril que sería seguidas por otras generales.

        Republicanos y socialistas se presentaron de manera conjunta para no dividir al voto republicano y plantearon la elecciones municipales como una consulta o plebiscito sobre la continuidad d ela monarquía. El triunfo de la coalición republicana en las principales ciudades, donde la influencia del caciquismo era menor frente al mundo rural, fue interpretado como un rechazo masivo a la monarquía. Así también lo entendió Alfonso XIII quien renunció al trono y marchaba al exilio el 14 de abril mientras se proclamaba la II República. 

TEMA 13: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN DURANTE EL REINADO DE ALFONSO XIII

TEMA 11: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN Y EL REINADO DE ALFONSO XIII

En 1902 Alfonso XIII se convertía en rey de España y heredaba el sistema de la Restauración cuyos principios quedaban recogidos en la Constitución de 1876. El sistema ideado por Cánovas del Castillo había primado la estabilidad política a establecer un sistema auténticamente democrático. El pacto entre las dos principales fuerzas políticas, conservadores y moderados, y el fraude electoral unido al caciquismo habían garantizado una estabilidad política sin precedentes en la Historia de España a lo largo del siglo XIX.

     Sin embargo, los cambios sociales y políticos unidos a la crisis moral ocasionada por el "desastre del 98" (la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas) habían hecho surgir una corriente conocida como "regeneracionismo" que cuestionaba el sistema, denunciaba las prácticas corruptas y caciquiles y abogaba por la modernización política, social y cultural de la sociedad española.

Cinco años antes de la llegada de Alfonso XIII al trono, en 1897, Cánovas del Castillo había sido asesinado y un año después de su subida al trono, en 1903, lo hacía Sagasta, el líder de los progresista y colaborador de Cánovas en la construcción del régimen de la Restauración. Como consecuencia, el reinado de Alfonso XIII se iniciaba con la ausencia de los dos principales valedores del régimen y una profunda crisis de ambos partidos. Antonio Maura sustituyó a Cánovas al frente del partido conservador mientras que José Canalejas sustituía a Sagasta al frente del progresista.

Además de la falta de liderazgo en los partidos tradicionales, lo que dificultaba la estabilidad de los gobiernos y la mayoría en las Cortes, el régimen se enfrentaba a comienzos del siglo XX a los siguientes problemas:

Aumento de la conflictividad social: sindicatos y partidos obreros fueron cobrando cada vez mayor protagonismo como demostraba el aumento de los obreros que se afiliaban así como de las huelgas. Los nuevos partidos, como el PSOE, cada vez se encontraban más incómodos en un sistema que imposibilitaba sus posibilidades de formar gobierno.

La cuestión religiosa: ésta seguía siendo una de las cuestiones que más dividían y enfrentaban a los españoles de manera que el anticlericalismo crecía entre las fuerzas de izquierda (republicanos y socialistas)  a la par que lo hacía la iglesia católica que había visto reforzar su posición e influencia a lo largo de la Restauración.

El problema militar: desde los inicios del régimen, Cánovas del Castillo había intentado someter el poder militar a la autoridad civil y evitar la injerencia que el ejército había tenido en la política española a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, esto no fue posible y las derrotas militares del 98 hizo que el ejército reivindicase un mayor protagonismo al acusar a la clase política de dichas derrotas. La influencia cada vez mayor del ejército fue patente tras la crisis originada en 1905 cuando un grupo de oficiales asaltó en Barcelona los talleres de una revista satítrica y de un diario próximo a la Lliga regionalista a los que acusaban de antimilitarismo. Como consecuencia,  el gobierno aprobó en 1906 la Ley de jurisdicciones que permitía a los tribunales militares juzgar los delitos contra el ejército y la patria.

El aumento del nacionalismo: el nacionalismo, sobre todo vasco y catalán, aunque también el gallego que habñian nacido a finales del siglo XIX fue cobrando cada vez mayor protagonismo y eran visto por los partidos nacionales y el ejército como una amenaza a la unidad de España.

El protectorado de Marruecos: tras la pérdida de los territorios coloniales de 1898, España había pasado a un segundo plano en el panorama internacional dominado por las potencias imperialistas del momento (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal,...). Sin embargo un incidente en 1905 entre Francia y Alemania fue aprovechado por la diplomacia española y en 1906, gracias al Tratado de Algeciras, España puedo obtener un protectorado en Marruecos, que había quedado dividido en dos siendo el otro protectorado asignado a Francia. El territorio otorgado a España fue el norte, la región del Rif, un territorio montañoso y de difícil control militar y donde las tribus bereberes locales ofrecieron una dura resistencia que puso en jaque al ejército español.

EVOLUCIÓN POLÍTICA ENTRE 1902 Y 1914

El turnismo inestable (1902-1906)

         El reinado de Alfonso XIII comenzó con un gobierno moderado que duró hasta 1905, año en que, fiel al sistema de turnismo, fue sustituido por un gobierno progresista. Sin embargo, en cinco años se sucedieron 10 gobiernos, cinco moderados y cinco progresistas, como consecuencia de la crisis de liderazgo de ambos partidos y la división de los mismos en multitud de facciones. Esta inestabilidad política hacía imposible llevar a cabo las ideas regeneracionistas mientras que el nacionalismo catalán adquiría fuerza entre la burguesía catalana conservadora con la creación de la Lliga Regionalista en 1901 liderado por Francesc Cambó. El crecimiento de este partido le llevó a ganar en las elecciones municipales de 1905 el ayuntamiento de Barcelona.

El gobierno regeneracionista de Maura (1907-1909)

     En 1907 el conservador Antonio Maura se convertía en presidente del gobierno. Desde un primer momento el líder conservador vio la necesidad de reformar el sistema "desde dentro" sin alterar las bases del mismo.  Se trataba por un lado de adoptar medidas políticas (aprobación de una Ley electoral) cuya finalidad era democratizar las elecciones y, por otro, medidas sociales para mejorar las condiciones de vida de las clases más humildes con el fin de evitar una revuelta social.

    Así mismo, aprobó una Ley de administración local que otorgaba mayor autonomía a los municipios y abría la posibilidad a la creación de mancomunidades locales y provinciales.

También intentó Maura un acercamiento con el nacionalismo catalán, en un intento de integrarlo dentro del sistema, haciendo ciertas concesiones a la aspiraciones autonomistas. Sin embargo, en este punto Maura se enfrentó a la oposición de conservadores, progresistas y republicanos que imposibilitaron dichas medidas.

      En el terreno económico también destacaron medidas encaminadas a modernizar la economía española con la adopción de medidas proteccionistas de la industria nacional a la vez que se aprobaban algunas reivindicaciones de la clase obrera como la ley que establecía el descanso dominical o la legalización del derecho de huelga.
   Sin embargo, la mayor crisis a la que tuvo que enfrentarse el gobierno de Maura fue a la conocida como "semana trágica" de Barcelona en 1909. El origen del conflicto estuvo en el recién creado protectorado español en Marruecos que, como ya hemos comentado con anterioridad, incorporaba la región del Rift. El conflicto se inició el 9  de julio, cuando una de las compañías mineras españolas en la zona fue atacada por algunas cabilas de soldados bereberes rifeños.
   El gobierno decidió enviar refuerzos militares desde la península para lo que llamó a fila a reservistas de Madrid y Barcelona El 18 de julio comenzó el embarque de las tropas en Barcelona desatándose un movimiento de protesta encabezado por los partidos organizaciones obreras y los partidos republicanos. Al fracaso de la guerra del 98 en Cuba y Filipinas y al profundo sentimiento antimilitarista se sumó el hecho de que los reservistas de las familias más ricas podían evitar ser enviados a la guerra gracias a un pago en metálico lo que, en la práctica, se traducía en el envío sólo  de soldados provenientes de las clases más humildes y, por lo tanto, en un conflicto interclasista.
 

Por estos motivos, el 26 de julio se inició una huelga general revolucionaria contra la guerra  en Barcelona que se vio agravada tras una emboscada que sufrió el ejército español en el barranco del Lobo y que tuvo como consecuencia un gran número de bajas. la huelga se convirtió en una insurrección revolucionaria con barricadas y quema de numerosas iglesias y conventos. El  gobierno declaró el estado de guerra y los enfrentamientos entre revolucionarios y ejército entre el 16 de julio y el 1 de agosto dio lugar a más de un centenar de víctimas y la situación de caos en Barcelona así como en ciudades industriales vecinas. La represión que siguió dio lugar a la detención de anarquistas de manera independiente de su participación en las revueltas y tras la celebración de juicios militares, celebrados gracias a la aplicación de la ley de jurisdicciones, se decretaron 17 condenas a muerta de las que se ejecutaron un total de cinco, entre ellas las del pedagogo anarquista Francisco Ferrer i Guardia, cuya participación en dicha huelga fue nula y cuya ejecución ocasionó protestas internacionales.
     Las protestas de republicanos y liberales llevó al rey, temeroso de que el escándalo salpicase a la monarquía, a destituir a Maura, siendo el liberal progresista José Canalejas a quien Alfonso XIII encargó la formación del nuevo gobierno.
El regeneracionismo del gobierno de canalejas (1910-1912)
       Canalejas intentó avanzar en las políticas regeneracionistas. Tomó medidas encaminadas a atajar algunos de los males del sistema mejorando el sistema parlamentario, la separación Iglesia -Estado y la aprobación de medidas sociales encaminadas a apaciguar las protestas obreras.
    Respecto a la relación Iglesia-Estado,  Canalejas intentó negociar con la Santa Sede algunos d elos aspectos más polémicos de dicha relación como la libertad religiosa, el fin del monopolio de la educación por la Iglesia y la implantación de una enseñanza laica. En 1910 se aprobaba la conocida como "Ley del candado" que  prohibía durante dos años la instalación de nuevas órdenes religiosas. canalejas, como era de esperar, chocó con la Iglesia así como con los sectores más conservadores de la  sociedad contrarias a la pérdida por parte de la Iglesia de su posición privilegiada.
      Con la finalidad de satisfacer algunas de las demandas de la clase obrera, el gobierno aprobó medidas sociales como la reducción de la jornada laboral, la ley de accidentes de trabajo, la prohibición del trabajo nocturno para la mujer o la regulación del derecho a huelga.
    Otras medidas fueron de carácter económicas como la eliminación del impuesto de consumos por otro progresivo sobre las rentas urbanas. Igualmente la ley de reclutamiento establecía el servicio militar obligatorio en caso de guerra suprimiendo la exención a cambio del pago en metálico aunque si dejaba abierta la posibilidad de reducir la duración del servicio a cinco o diez meses previo pago de 2000 y 1500 pesetas.
      Respecto a la ocupación colonial en parte de Marruecos, en 1912 España acordó definitivamente la creación de sendos protectorados mientras que aumentó la presencia militar española en la región del Rif.
     Otras de las demandas a las que se pretendió hacer frente fue la de descentralización del Estado, proveniente sobre todo el catalanismo de la Lliga, para lo cual se aprobó en 1912 la ley de mancomunidades que permitía un inicio de autogobierno. José Canalejas no llegó a ver aprobada esta ley en el Senado al ser asesinado por un radical anarquista en Madrid el 12 de noviembre de 1912.
     La muerte de Canalejas puso fin a los intentos regeneracionistas. Alfonso XIII se decidió de nuevo por el turnismo al llamar a formar gobierno a los moderados. El nuevo gobierno, tras la renuncia de Maura a presidirlo, fue liderado por Eduardo Dato.

LOS PARTIDOS OPOSITORES AL RÉGIMEN

    los partidos que habían quedado excluidos del sistema y que no optaban a tener posibilidades de llegar al gobierno fueron adquiriendo especial relevancia política a comienzos del siglo XIX. Los intentos regeneracionistas no contentaron a un sector de la población que veía el sistema como corrupto y que creían que la única opción de democratizar la vida política española pasaba por la destrucción del régimen de la Restauración y no por su reforma.

Republicanos: El republicanismo fue ganando peso a comienzos del siglo XIX. La mayor parte de los intelectuales y amplios sectores de las clases medias empezaron a identificar a la monarquía con la corrupción del sistema por lo que la alternativa, la democratización política, pasaba por la supresión de la misma y la proclamación de la república.
La fundación en 1903 del partido Unión Republicana por Nicolás Salmerón y Alejandro Lerroux supuso un impulso a la causa republicana  consiguiendo un amplio respaldo electoral sobre todo en las principales ciudades.
    Sin embargo el republicanismo divergía en dos corrientes diferenciadas en cuanto a su concepción de la manera en como debía lograrse la república pues mientras el republicanismo moderado de Salmerón defendía la vía electoral y parlamentaria para lograrlo; el republicanismo radical, liderado por Lerroux, defendía a través de un discurso que aunaba reivindicaciones del movimiento obrero, anticlerical y anticatalanista la implantación de la república a través de la vía revolucionaria.En Valencia dicho pensamiento republicano radical estuvo representado en el pensamiento del escrito Vicente Blasco Ibañez por lo que es conocido como Blasquismo.
 El republicanismo radical dio lugar a la formación del Partido Radical en 1908, liderado por Lerroux. Por el contrario, el republicanismo moderado se constituyó en 1912 en el Partido Reformista y llegó a declarar su aceptación de la monarquía si venía acompañada de un proceso de democratización real y efectiva.

El nacionalismo catalán:
   La Lliga Regionalista fundada en 1901 fundada y liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó que reivindicaba la regeneración política y económica con la reivindicación autonómica de Cataluña. Su carácter moderado atrajo a las clases conservadoras urbanas y rurales catalanas. Su carácter burgués alejo de este partido a las clases obreras de manera que los nacionalistas más de izquierda crearon como alternativa a la Lliga,  el Centre Nacionalista Republicá.
    La ley de jurisdicciones de 1906, que permitía el intervencionismo del ejército para juzgar delitos de atentado a la patria o al ejército, fue visto por el nacionalismo catalán como un instrumento de control provocando la creación de un frente común llamado Solidaridad Catalana que consiguió un éxito electoral sorprendente en las elecciones generales de 1907 obteniendo 41 de los 44 escaños correspondientes a Cataluña.
   Los sucesos de la semana Trágica provocaron que el catalanismo más conservador apoyase a Maura. El líder de la Lliga Regionalista, Prat de la Riba, presidió la recién constituida Mancomnidad de Cataluña.

El nacionalismo vasco:
     La muerte de Sabino Arana en 1903 abrió en el Partido Nacionalista Vasco un duro enfrentamiento entre el sector más radical, más afín a las ideas de su fundador, y otro más moderado que optaba por una vía intermedia, la autonomía. este sector moderado atrajo a la burguesía industrial ampliando sus bases sociales hasta convertirla en una fuerza de gran importancia en el País Vasco.

Otros nacionalismos y regionalismos:
       De manera paralela, aunque con menor repercusión política y social, también fueron apareciendo movimientos nacionalistas que reivindicaban su identidad cultural y lingüística frente al carácter centralista y homegeneizador del régimen de la Restauración. este fue el caso de los nacionalismos emergentes en Galicia, Mallorca, Aragón  o Valencia.

El movimiento obrero:
        Los comienzos del siglo XX vinieron marcado por un movimiento obrero emergente aunque aún minoritario y con especial influencia en las zonas industriales de Madrid, Barcelona, Asturias o Vizcaya.
      Los obreros encontraron en el sindicalismo el instrumento para defender una mejora de las condiciones sociales y laborales.  Este sindicalismo, siguiendo la división del movimiento obrero, se dividió entre un sindicalismo socialista liderado por la UGT con especial influencia en Madrid y norte de España (Vizcaya y Asturias) mientras que la otra corriente sindicalista, de base anarquista se desarrolló especialmente en Cataluña.
     Frente al anarquismo radical de finales del siglo XIX, que optaba por la estrategia terrorista con finalidad revolucionaria; a comienzos del siglo XX fue ganando mayor peso la corriente anarcosindicalista que consideraba la huelga general como el instrumento revolucionario que provocaria la destrucción del estado burgués. Con tal finalidad se creó en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) si bien tras la huelga general de 1911 fue ilegalizada hasta 1915.
      El socialismo se veía representado por el PSOE, en el terreno político, y la UGT en la lucha sindical.Sin embargo, el PSOE se mantuvo en sus orígenes al margen del sistema y no fue hasta los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, cuando su líder, Pablo Iglesias, aceptó colaborar con as fuerzas republicanas.Esta colaboración llevó al PSOE a participar de las elecciones y a Pablo Iglesias a convertirse en el primer diputado socialista en 1910.

CONSECUENCIAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
         Si bien España permaneció neutral durante la Gran Guerra ésta influyó en la sociedad española que se dividió entre los que apoyaban a las potencias de la Triple Alianza, "germanófilos", y los partidarios de la Triple Entente, "aliadófilos". Por lo general, los sectores más conservadores de la sociedad apoyaron a los imperios alemán y austrohúngaro, que representaban valores tradicionales como autoritarismo y militarismo mientras que los sectores más progresistas se identificaban más con las potencias aliadas (Gran Bretaña o Francia) al ser los países más democráticos de la Europa de comienzos del siglo XX. Sin embargo, los anarquistas y algunos sectores socialistas, siguiendo las directrices marcadas por la IIª Internacional, denunciaron la Guerra por considerarla una guerra capitalista de manera que alentaban a los obreros a convertirla en una guerra revolucionaria contra la burguesía.
   Desde el punto de vista económico, la guerra supuso un boom para la economía española pues su neutralidad la convertía en la principal suministradora de materias primas y productos industriales a los países beligerantes. La balanza comercial española vio como por primera vez se exportaba más que lo que se importaba generando un superávit entre 1915 y 1919. Si embargo, este crecimiento económico no estuvo exento de tensiones sociales pues el aumento de las exportaciones así como la reducción de las importaciones tuvieron como consecuencia problema de desabastecimiento y la subida de precios de productos de consumo básicos.Este clima de tensión social se hizo patente en el aumento espectacular de las huelgas en los años de la guerra.

La crisis de 1917:
 
    El sistema de la Restauración pasó por su momento más crítico durante el verano de 1917 por la confluencia de una serie de hechos sin conexión entre sí:
   Las Juntas de Defensa (junio): la primera crisis vino de manera inesperada de uno de los sectores en los que se apoyaba el Régimen: el ejército. A comienzos de 1917 se crearon las Juntas de Defensa con una clara orientación sindical al defender el ascenso por antigüedad ("escala cerrada"); pues un gran número de los oficiales de la península creían que el sistema de ascenso por méritos beneficiaba a los oficiales con destino en Marruecos. Otra reivindicación tenía un sentido más económico pues solicitaban un aumento de sueldo debido a la inflación originada por la carestía ocasionada por la Guerra europea. El 1 de junio presentaron un ultimátum al gobierno que tuvo como consecuencia la dimisión del presidente de gobierno, que fue sustituido por el conservador Dato con el apoyo del rey. Las juntas fueron reconocidas como órganos representativos del ejército y se atendieron sus demandas.
     La Asamblea de Parlamentarios (julio): El siguiente conflicto tuvo un carácter más político originado por el cierre de las Cortes desde febrero de 1917 ante el temor del gobierno de que se plantearan los problemas por los que atravesaba el país, a lo que se sumaba la política represiva en cuanto a la garantía del ejercicio de las libertades realizada por el gobierno conservador de Dato. El ultimátum de las Juntas de Defensa y el conflicto entre el gobierno y el ejército fue percibido por las fuerzas contrarias al Régimen como signos del resquebrajamiento de los cimientos del sistema y la oportunidad para su transformación.
    En julio de 1917, el líder de la Lligá, cambó, convocó a los senadores y diputados españoles a una asamblea de Parlamentarios en Barcelona. Sin embargo sus objetivos, la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes, fracasaron dada la escasa asistencia de diputados, 71 de los 760 convocados, en su mayoría catalanistas, republicanos y el socialista Pablo Iglesias.Las fuerzas tradicionales no asistieron a la convocatoria y las diferencias entre los catalanistas y los diputados de izquierda se hicieron evidentes. La Guardia Civil disolvió la Asamblea y los hechos que se sucedería en agosto de ese mismo año, llevarían a la Lliga a pactar con el gobierno ante el temor al triunfo de una revolución obrera.
     La huelga general (agosto): a pesar de sus diferencias, en agosto de 1916, la UGT y la CNT acordaron trabajar juntos para derrocar el régimen y sustituirlo por una república democrática. En marzo de 1917 hicieron un llamamiento a la huelga general en un plazo de tres meses, con una finalidad revolucionaría. El manifiesto del comité de huelga al país para que se sumara a la misma fue redactado por el líder socialista Julián Besteiro. Dicha huelga se inició el 13 de agosto si bien sólo fue secundada con especial intensidad en los centros industriales de Madrid, Barcelona , País Vasco y Asturias. Además, el tenor a una revolución social acercó posiciones de los sectores burgueses moderados y enfrentados hasta el momento como fue el caso de la Lliga de Cambó, que pacto su apoyo al gobierno de dato, o de las Juntas de Defensas que condenaron dicha huelga esfumando la idea del apoyo de parte del ejército a la causa revolucionaria. Cinco días después de su inicio, el 18 de agosto, la huelga estaba sofocada y seguida de una dura represión.
 Los sucesos de 1917 habían evidenciado que las fuerzas opositoras al Régimen tan sólo estaban unidas por la finalidad perseguida si bien diferían en los referente a los modelos sociopolíticos y económicos alternativos. Ejército, parlamentarios burgueses y proletariado se encontraban divididos en cuanto al la forma y al alcance de los cambios que debían suceder al Régimen de la Restauración que se encontraba en un estado agónico.

EL FIN DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1918-1923)

La conflictividad social:      La crisis de 1917 había evidenciado la descomposición de un sistema político que se veía agravado por la descomposición de los partidos moderado y progresista cuya alternancia en el poder había dotado de una estabilidad política sin precedentes en la historia de España. A la imposibilidad de la continuidad del turnismo se unían las reivindicaciones autonomistas que cada vez cogían más fuerza así como las del movimiento obrero que, tras el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia en octubre de 1917, tenía un modelo de referencia al que deseaban imitar. La crisis política española hay que enmarcarla dentro una crisis más general, a nivel europeo, de las democracias parlamentarias liberales. La amenaza de la extensión de la revolución obrera por Europa provocó una reacción de la burguesía y clases medias que demandaban cada vez con mayor insistencia la necesidad de un poder fuerte y autoritario.
      Ante la crisis generada en 1917 se recurrió a los llamados gobiernos de concentración, integrados por miembros de los partidos moderado y liberal así como por miembros de la Lliga que, ante el cariz de los acontecimientos, moderaba su discurso y colaboraba con la monarquía de Alfonso XIII. Esta colaboración del que hasta ese momento había sido el principal partido nacionalista catalán provocó una escisión que se traduciría en la creación en 1922 del partido Acció Catalana  mientras que Francesc Maciá fundó Estat Catalá a favor ya no de la autonomía sino de la independencia de Cataluña.
     También se produjo una escisión dentro del Partido nacionalista Vasco entre un sector más radical y otro más moderado a pesar del éxito político que obtuvo el partido en las elecciones de 1918 que les llevó a tener representación en las Cortes con 6 diputados.
   Por otro lado, el movimiento obrero iba ganando cada vez mayor empuje como consecuencia de la conflictividad social y las noticias que llegaban de Rusia, cuya revolución alentaba al movimiento obrero y radicalizaba sus posturas.  La conciencia de lucha de los obreros y campesinos fue aumentando lo que se materializó en un crecimiento de la afiliación de los dos principales sindicatos, el socialista UGT y el anarquista CNT.
     Cataluña se convirtió en el lugar donde más creció el anarcosindicalismo lo que le obligó a replantearse su organización. En 1918, en el Congreso de Sants se configuró una nueva organización del movimiento sindical en el que el modelo antiguo de los sindicatos de oficios dio paso a un modelo de sindicato único. El anarcosindicalismo reafirmó su naturaleza apolítica mientras que de nuevo afloraron la división entre los partidarios de la huelga revolucionaria y los partidarios del terrorismo ( en 1906 el propio rey, Alfonso XIII) había sufrido un atentado terrorista anarquista el día de su boda).

Atentado contra Alfonso XIII (31 de mayo de 1906)

     El aumento de las huelgas y de la lucha social dio paso a una auténtica "guerra de clases" en la que los empresarios reaccionaron mediante el cierre de empresas, la creación de un cuerpo civil paramilitar para frenar violentamente el avance de los sindicatos y la colaboración con los sindicatos libres, creados en 1919, que colaboraron con los empresarios contra la CNT.
   Andalucía fue el otro foco geográfico en el que la conflictividad social alcanzó puntos más álgidos. La concentración de la propiedad de las tierras en manos de unos pocos propietarios latifundistas frente a una gran masa de campesinos sin tierras (jornaleros) cuyas condiciones de trabajo y vida rozaban la miseria había generado una tensión que se desetó en los años conocidos como el "trienio bolchevique", entre 1918 y 1920, cuando muchos municipios andaluces fueron controlados por comités de huelgas, dirigidos por la UGT y la CNT, que procedieron a la ocupación y reparto de tierras. Como respuesta el gobierno declaró el "estado de guerra" actuando con una gran represión para poner fin a estas ocupaciones.
       Los enfrentamientos entre patronos y sindicalistas dieron lugar a un clima de violencia en el que el pistolerismo dio como resultado más de 800 asesinatos de miembros de ambos bandos entre 1918 y 1923; mientras que se aplicaba con frecuencia la "ley de fugas" que suponía el asesinato sin juicio de los detenidos.este clima de violencia llegó a sus más altas cotas con el asesinato del presidente del gobierno Eduardo Dato en 1921.

El desastre de Annual:
    La crisis interior se vio agravada por un conflicto mayor en el protectorado español en Marruecos donde la guerra contra las tribus del Rif seguía activa. El desastre se prudojo como consecuencia de la decisión del comandante general de Melilla,  Fernández Silvestre de adentrarse en el corazón del Rif, feudo controlado por las guerrilla de Abd el-Krim, alejándose de los centros de aprovisionamiento. Las tropas españolas fueron derrotadas en julio de 1921 por las tropas de Abd el-krim. Como consecuencia, el ejército español perdió a 13.000 soldados, entre elllos el comandante Silvestre.
     El desastre de Annual provocó una gran reacción y la exigencia de los partidos políticos y la opinión pública de depurar responsabilidades. El gobierno creó una comisión presidida por el general Picasso para delimitar responsabilidades militares. Los partidos dinásticos, el ejército y el rey se vieron envueltos por la crítica y el desprestigio al ser acusados por los  partidos republicanos de corruptos, ineficaces y responsables del desastre.
     Sin embargo, unos días antes de que el informe llegase a las Cortes, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado. El día 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera hizo público un manifiesto en el que exponía las razones para el golpe de Estado (desprestigio de los partidos políticos, conflictividad social, antimilitarismo,...) y el día 15 el rey le confirmaba al frente de un gobierno de concentración vinculando el destino de la monarquía al de la dictadura de Pirmo de Rivera.